Este 5 de junio la ciudad de México va a la urnas a decidir quiene serán los 60 diputados que redactarán la Constitución de la Ciudad de México
La formula independiente numero 10, integrada por Ricardo Pascoe Pierce y Facundo González Bárcenas, suplente, compiten con una visión concreta:
- Hacer que esta ciudad sea progresista y de derechos para los ciudadanos, no para las clientelas.
Propuestas Para Una Nueva Ciudad
Las propuestas para la Ciudad de México aquí
contenidas parten de nuestra experiencia adquirida durante años de trabajo
tanto en la administración pública, la academia como en la actividad política.
Ambos buscamos lo mejor para nuestra ciudad. De ahí nuestro afán por participar
en la Asamblea Constituyente.
I.
RÉGIMEN DE GOBIERNO
La
estructura política de la administración pública capitalina debe ser
replanteada a fondo. Se requiere una reingeniería orgánica completa para lograr
una nueva definición funcional del gobierno en la que prive el criterio de la
redistribución más amplia de la toma de decisiones.La estructura de gobierno concentrada en el llamado gobierno
central se ha agotado por su obesidad,
ineficiencia y corrupción. No es capaz de reaccionar con soluciones a los
grandes problemas que enfrentamos ni tampoco a los pequeños. Ni regula ni
resuelve. Incluso, este modelo de gobierno centralista es la negación del diseño
federalista que pregona la Constitución nacional.
Es, entonces, imperativo discutir el sistema de
gobierno de la ciudad, los pesos y contrapesos entre poderes para asegurar el
buen gobierno, los instrumentos para la toma de decisiones, la participación
ciudadana vinculante, la transparencia y la rendición de cuentas y el ejercicio
pleno de los derechos humanos y sociales. El debate de fondo es si la Ciudad de
México deberá tener un gobierno descentralizado o continuar con el modelo híper
centralista que hoy prevalece.La propuesta es poner de cabeza la
estructura de gobierno de la ciudad. La única forma de convertir este aparato
en algo funcional y útil es descentralizando facultades y presupuesto. En materia de contrapesos, los puestos de jefe de policía,
procurador, secretario de finanzas y presidente de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje debieran ser propuestos por el Jefe de Gobierno y ratificados por el Congreso local.
Es
necesario avanzar decididamente hacia un servicio civil de carrera que dignifique
y capacite a los funcionarios públicos, que evite la colonización
patrimonialista de los poderes públicos por parte de los partidos políticos y
responda a las necesidades de la ciudad.La capitalidad se refiere a la
condición de la Ciudad de México como capital de la República y el espacio que
comparten los poderes federal y local. Deben existir normas reglamentarias convenidas
entre ambos niveles de gobierno para coordinar esfuerzos en las materias que se
determinen como de interés común, acompañado del acuerdo presupuestario correspondiente.
II.
ALCALDÍAS
Si se
mantiene el centralismo gubernamental y administrativo en la ciudad, se
presentará la contradicción de alcaldes electos por la ciudadanía pero con dependencia
presupuestal y administrativa hacia el gobierno central; esto hará que los
alcaldes sean rehenes del centralismo y no tengan capacidad para responder con
efectividad a las exigencias y demandas de su electorado.Esta
situación crea un conflicto para los alcaldes: al priorizar al gobierno central
por encima de su electorado, se vuelven rápidamente impopulares en su
territorio, con lo que, por cierto, se establecen condiciones para que, cuando
exista la reelección, muchos alcaldes no sean votados para un segundo periodo
de gobierno. Pero lo más importante será su condición de ser “candil de la
calle y oscuridad de la casa”.Debe
impulsarse la descentralización y readscripción de facultades y atribuciones
entre gobierno central y alcaldías, a fin de acercar la toma de decisiones
vitales a los lugares donde habita la ciudadanía, facilitando la participación
vecinal en la construcción de su ciudad. Es necesario otorgar más atribuciones
operativas a las alcaldías, que deberán asumir gran parte de las funciones de ordenamiento territorial y
operacional para mejorar los servicios que presta el gobierno a la ciudadanía.
El gobierno central deberá jugar una función de regulación y
supervisión. Esto significa restarle
facultades al gobierno central para dotárselas a las alcaldías, incluyendo
autoridad sobre la policía de tránsito y el cobro de ciertos impuestos, como el
predial.Para ello, debe redistribuirse el presupuesto. Mientras
hoy el gobierno central ejerce 80% del presupuesto y las alcaldías el 20%
restante, esa proporción deberá cambiar a, por lo menos, 50%-50%. Ese hecho, en
sí, será una revolución en la ciudad. Asimismo, los
concejeros de las Alcaldías debieran ser puestos honorarios, y no asalariados
del presupuesto público.
III.
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Es
de fundamental importancia impulsar decididamente mecanismos de democracia participativa y contrapesos
efectivos con los consejos y organizaciones de plena representatividad de las
comunidades de la ciudad, para asegurar los esquemas de participación ciudadana
en la formulación de leyes y políticas públicas.Deben
crearse mecanismos de participación que otorguen real capacidad de decisión a
los ciudadanos, entre ellos el de revocación de mandato, plebiscito, referéndum
y consulta pública, definiendo perfectamente los casos aplicables y cuyos
resultados deben ser vinculatorios para las
autoridades ejecutivas y legislativas. Se trata de reconocer a la ciudadanía
capacidad de decisión y no sólo el derecho de opinar.
El gobierno de la ciudad y las alcaldías deberán
respetar la anuencia vecinal, figura
jurídica que se establecería en la Constitución y que obligaría al gobierno a
consultar sus decisiones y proyectos de obras con los vecinos, incluyendo
cambios en los usos de suelo y en los programas delegacionales y parciales.
Es indispensable conceptualizar de otra forma la participación de
la ciudadanía en la toma de decisiones. Deberemos transitar de la actual cultura
participativa marginal, poco importante y no vinculante, a la cultura
de las decisiones vinculantes que partan de una comunidad incluyente y
participativa. Para ello, la Constitución deberá concebir a la comunidad
participante como un poder instaurado, al igual que los otros tres: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.
IV.
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
En
la Constitución deberán quedar plasmados los criterios de transparencia y
rendición de cuentas como posibilidad de participación ciudadana en el combate
a la corrupción y a la impunidad, y en la vigilancia sobre la administración de
la hacienda pública.Junto con la descentralización de funciones de
gobierno, deberá equilibrarse con una mayor vigilancia efectiva de la
ciudadanía sobre sus gobernantes locales. Al acercar un gobierno funcional a la
gente, también se permite una mayor vigilancia ciudadana en materia de planes y
programas, facilitando mayor eficacia en el combate a la corrupción. Con
gobiernos más cercanos a los vecinos, se tendrá un gobierno que le responda
mejor a la gente, pues se sabrá más vigilado por un pueblo informado.La
transparencia y rendición de cuentas requiere organismos con total autonomía de
los tres poderes de gobierno, para cumplir a cabalidad su función. Los
integrantes de este nuevo poder deberán gozar de un presupuesto suficiente para
desarrollar sus funciones, habiendo sido nombrados con dos métodos: unos por el
congreso local y otros por elección popular.Al mismo tiempo, un
gobierno más cercano a la gente puede ser vigilado y llamado a cuentas más fácilmente. Además
de descentralizar la estructura administrativa, tendrán que definirse los
mecanismos que harán posible el acercamiento de los ciudadanos a los proyectos
que propone la autoridad, para su fiscalización y rendición de cuentas. Sin una
participación ciudadana vinculante, la ciudad no saldrá adelante.
V.
DERECHOS
La Constitución debe establecer los derechos y las
obligaciones de la ciudadanía. En este caso, la Ciudad de México ha demostrado
ser liberal, aunque aún hay tramos importantes que avanzar. Deben respetarse el
ejercicio de todos los derechos humanos
y sociales adquiridos, sin condicionamientos ni coacción por parte de las
autoridades o partidos políticos.
VI.
DERECHOS LABORALES
El
mundo laboral debe rescatarse para enaltecer la calidad de vida en el trabajo,
el respeto a la organización colectiva de los trabajadores y la defensa y
ampliación sus derechos laborales y sociales.
VII.
DESARROLLO URBANO
La Ciudad de México se encuentra en una
encrucijada. O se replantea de forma y fondo para rescatar su viabilidad como
entidad urbana sustentable, o seguirá por su actual ruta hacia una fractura
urbana para las futuras generaciones.El
desarrollo urbano debe caracterizarse por su sustentabilidad social y
ambiental. Se trata de construir una ciudad para los ciudadanos, caminable y
vivible, rechazando un modelo urbano depredador que no contempla la integración
social ni ambiental como valor supremo.A la
par de lo anterior, deberán replantearse todos los instrumentos y
mecanismo actualmente existentes para diseñar e instrumentar el modelo de
desarrollo urbano de la ciudad, con todos sus temas sucedáneos: usos de suelo,
movilidad, planes de desarrollo urbano de las alcaldías, planes parciales y las
reglas para su aprobación. La Constitución deberá consagrar el derecho a la
planificación de ciudad a largo plazo, rechazando expresamente el “urbanismo
express” que hoy permea los planes capitalinos.En
este ámbito tendrá un importante impacto incorporar la figura de la anuencia vecinal en la Constitución, que
obligará a la autoridad a la consulta ciudadana
vinculatoria sobre modificaciones de usos de suelo, proyectos urbanísticos de
impacto, entre otros.
VIII.
COMERCIO INFORMAL
Todas
las personas que laboran en cualquier modalidad de informalidad debieran ser
reconocidas en la Constitución como agentes que realizan actividades legales y
merecedoras de prestaciones, como sujetos de ley, y no meros objetos de
atención del Estado. Será necesario ordenar la vía pública, respetando los
derechos de todos, tanto de movilidad como de seguridad.
IX.
POLITICA SOCIAL
En
la Constitución deberán incorporarse criterios para preservar y ampliar los
derechos sociales y erradicar el clientelismo, el corporativismo y el
patrimonialismo en la implementación de los programas sociales.
X.
EQUIDAD DE GÉNERO
Consagrar
el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. La misoginia permea, por ejemplo, dentro de los
ministerios públicos, no sólo en el transporte público. Es necesario plantear
no sólo derechos, sino el impulso a una educación, desde los hogares, de una
cultura de equidad y combate a la misógina y la violencia contra las mujeres.
XI.
DIVERSIDAD SEXUAL
La
diversidad de opciones y alternativas al crear núcleos familiares deberá respetarse
como un derecho inalienable de las personas, al igual que sus preferencias
sexuales y religiosas.
XII.
COORDINACIÓN METROPOLITANA
La reforma
política establece que el Congreso de la Unión creará un Consejo de Desarrollo Metropolitano para
atender problemas comunes de la zona. No parece conveniente que este Consejo
sea creado unilateralmente por la Federación, sino que debe ser resultado de un
convenio entre Federación y entidades de la zona metropolitana, ratificado por
los respectivos poderes legislativos, y con suficiencia presupuestal.
