CDMX: Una ciudad sea progresista y de derechos para los ciudadanos, no para las clientelas.

Este 5 de junio la ciudad de México va a la urnas a decidir quiene serán los 60 diputados que redactarán la Constitución de la Ciudad de México

La formula independiente numero 10, integrada por Ricardo Pascoe Pierce y Facundo González Bárcenas, suplente, compiten con una visión concreta: 

- Hacer que esta ciudad sea progresista y de derechos para los ciudadanos, no para las clientelas.

Propuestas Para Una Nueva Ciudad

Las propuestas para la Ciudad de México aquí contenidas parten de nuestra experiencia adquirida durante años de trabajo tanto en la administración pública, la academia como en la actividad política. Ambos buscamos lo mejor para nuestra ciudad. De ahí nuestro afán por participar en la Asamblea Constituyente.

I.               RÉGIMEN DE GOBIERNO

La estructura política de la administración pública capitalina debe ser replanteada a fondo. Se requiere una reingeniería orgánica completa para lograr una nueva definición funcional del gobierno en la que prive el criterio de la redistribución más amplia de la toma de decisiones.La estructura de gobierno concentrada en el llamado gobierno central se ha  agotado por su obesidad, ineficiencia y corrupción. No es capaz de reaccionar con soluciones a los grandes problemas que enfrentamos ni tampoco a los pequeños. Ni regula ni resuelve. Incluso, este modelo de gobierno centralista es la negación del diseño federalista que pregona la Constitución nacional.
Es, entonces, imperativo discutir el sistema de gobierno de la ciudad, los pesos y contrapesos entre poderes para asegurar el buen gobierno, los instrumentos para la toma de decisiones, la participación ciudadana vinculante, la transparencia y la rendición de cuentas y el ejercicio pleno de los derechos humanos y sociales. El debate de fondo es si la Ciudad de México deberá tener un gobierno descentralizado o continuar con el modelo híper centralista que hoy prevalece.La propuesta es poner de cabeza la estructura de gobierno de la ciudad. La única forma de convertir este aparato en algo funcional y útil es descentralizando facultades y presupuesto. En materia de contrapesos, los puestos de jefe de policía, procurador, secretario de finanzas y presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje debieran ser propuestos por el Jefe de Gobierno y ratificados por el Congreso local.
Es necesario avanzar decididamente hacia un servicio civil de carrera que dignifique y capacite a los funcionarios públicos, que evite la colonización patrimonialista de los poderes públicos por parte de los partidos políticos y responda a las necesidades de la ciudad.La capitalidad se refiere a la condición de la Ciudad de México como capital de la República y el espacio que comparten los poderes federal y local. Deben existir normas reglamentarias convenidas entre ambos niveles de gobierno para coordinar esfuerzos en las materias que se determinen como de interés común, acompañado del acuerdo presupuestario correspondiente.


II.             ALCALDÍAS

Si se mantiene el centralismo gubernamental y administrativo en la ciudad, se presentará la contradicción de alcaldes electos por la ciudadanía pero con dependencia presupuestal y administrativa hacia el gobierno central; esto hará que los alcaldes sean rehenes del centralismo y no tengan capacidad para responder con efectividad a las exigencias y demandas de su electorado.Esta situación crea un conflicto para los alcaldes: al priorizar al gobierno central por encima de su electorado, se vuelven rápidamente impopulares en su territorio, con lo que, por cierto, se establecen condiciones para que, cuando exista la reelección, muchos alcaldes no sean votados para un segundo periodo de gobierno. Pero lo más importante será su condición de ser “candil de la calle y oscuridad de la casa”.Debe impulsarse la descentralización y readscripción de facultades y atribuciones entre gobierno central y alcaldías, a fin de acercar la toma de decisiones vitales a los lugares donde habita la ciudadanía, facilitando la participación vecinal en la construcción de su ciudad. Es necesario otorgar más atribuciones operativas a las alcaldías, que deberán asumir gran parte de las funciones de ordenamiento territorial y operacional para mejorar los servicios que presta el gobierno a la ciudadanía. El gobierno central deberá jugar una función de regulación y supervisión. Esto significa restarle facultades al gobierno central para dotárselas a las alcaldías, incluyendo autoridad sobre la policía de tránsito y el cobro de ciertos impuestos, como el predial.Para ello, debe redistribuirse el presupuesto. Mientras hoy el gobierno central ejerce 80% del presupuesto y las alcaldías el 20% restante, esa proporción deberá cambiar a, por lo menos, 50%-50%. Ese hecho, en sí, será una revolución en la ciudad. Asimismo, los concejeros de las Alcaldías debieran ser puestos honorarios, y no asalariados del presupuesto público.

III.            DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Es de fundamental importancia impulsar decididamente mecanismos de  democracia participativa y contrapesos efectivos con los consejos y organizaciones de plena representatividad de las comunidades de la ciudad, para asegurar los esquemas de participación ciudadana en la formulación de leyes y políticas públicas.Deben crearse mecanismos de participación que otorguen real capacidad de decisión a los ciudadanos, entre ellos el de revocación de mandato, plebiscito, referéndum y consulta pública, definiendo perfectamente los casos aplicables y cuyos resultados deben ser vinculatorios para las autoridades ejecutivas y legislativas. Se trata de reconocer a la ciudadanía capacidad de decisión y no sólo el derecho de opinar.
El gobierno de la ciudad y las alcaldías deberán respetar la anuencia vecinal, figura jurídica que se establecería en la Constitución y que obligaría al gobierno a consultar sus decisiones y proyectos de obras con los vecinos, incluyendo cambios en los usos de suelo y en los programas delegacionales y parciales.
Es indispensable conceptualizar de otra forma la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Deberemos transitar de la actual cultura participativa marginal, poco importante y no vinculante, a la cultura de las decisiones vinculantes que partan de una comunidad incluyente y participativa. Para ello, la Constitución deberá concebir a la comunidad participante como un poder instaurado, al igual que los otros tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

IV.           TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

En la Constitución deberán quedar plasmados los criterios de transparencia y rendición de cuentas como posibilidad de participación ciudadana en el combate a la corrupción y a la impunidad, y en la vigilancia sobre la administración de la hacienda pública.Junto con la descentralización de funciones de gobierno, deberá equilibrarse con una mayor vigilancia efectiva de la ciudadanía sobre sus gobernantes locales. Al acercar un gobierno funcional a la gente, también se permite una mayor vigilancia ciudadana en materia de planes y programas, facilitando mayor eficacia en el combate a la corrupción. Con gobiernos más cercanos a los vecinos, se tendrá un gobierno que le responda mejor a la gente, pues se sabrá más vigilado por un pueblo informado.La transparencia y rendición de cuentas requiere organismos con total autonomía de los tres poderes de gobierno, para cumplir a cabalidad su función. Los integrantes de este nuevo poder deberán gozar de un presupuesto suficiente para desarrollar sus funciones, habiendo sido nombrados con dos métodos: unos por el congreso local y otros por elección popular.Al mismo tiempo, un gobierno más cercano a la gente puede ser vigilado y llamado a cuentas más fácilmente. Además de descentralizar la estructura administrativa, tendrán que definirse los mecanismos que harán posible el acercamiento de los ciudadanos a los proyectos que propone la autoridad, para su fiscalización y rendición de cuentas. Sin una participación ciudadana vinculante, la ciudad no saldrá adelante.

V.             DERECHOS

La Constitución debe establecer los derechos y las obligaciones de la ciudadanía. En este caso, la Ciudad de México ha demostrado ser liberal, aunque aún hay tramos importantes que avanzar. Deben respetarse el ejercicio de todos los derechos humanos y sociales adquiridos, sin condicionamientos ni coacción por parte de las autoridades o partidos políticos.

VI.           DERECHOS LABORALES

El mundo laboral debe rescatarse para enaltecer la calidad de vida en el trabajo, el respeto a la organización colectiva de los trabajadores y la defensa y ampliación sus derechos laborales y sociales.

VII.          DESARROLLO URBANO

La Ciudad de México se encuentra en una encrucijada. O se replantea de forma y fondo para rescatar su viabilidad como entidad urbana sustentable, o seguirá por su actual ruta hacia una fractura urbana para las futuras generaciones.El desarrollo urbano debe caracterizarse por su sustentabilidad social y ambiental. Se trata de construir una ciudad para los ciudadanos, caminable y vivible, rechazando un modelo urbano depredador que no contempla la integración social ni ambiental como valor supremo.A la par de lo anterior, deberán replantearse todos los instrumentos y mecanismo  actualmente existentes para diseñar e instrumentar el modelo de desarrollo urbano de la ciudad, con todos sus temas sucedáneos: usos de suelo, movilidad, planes de desarrollo urbano de las alcaldías, planes parciales y las reglas para su aprobación. La Constitución deberá consagrar el derecho a la planificación de ciudad a largo plazo, rechazando expresamente el “urbanismo express” que hoy permea los planes capitalinos.En este ámbito tendrá un importante impacto incorporar la figura de la anuencia vecinal en la Constitución, que obligará a la autoridad a la consulta ciudadana vinculatoria sobre modificaciones de usos de suelo, proyectos urbanísticos de impacto, entre otros.

VIII.        COMERCIO INFORMAL

Todas las personas que laboran en cualquier modalidad de informalidad debieran ser reconocidas en la Constitución como agentes que realizan actividades legales y merecedoras de prestaciones, como sujetos de ley, y no meros objetos de atención del Estado. Será necesario ordenar la vía pública, respetando los derechos de todos, tanto de movilidad como de seguridad.

IX.           POLITICA SOCIAL

En la Constitución deberán incorporarse criterios para preservar y ampliar los derechos sociales y erradicar el clientelismo, el corporativismo y el patrimonialismo en la implementación de los programas sociales.

X.             EQUIDAD DE GÉNERO

Consagrar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. La misoginia permea, por ejemplo, dentro de los ministerios públicos, no sólo en el transporte público. Es necesario plantear no sólo derechos, sino el impulso a una educación, desde los hogares, de una cultura de equidad y combate a la misógina y la violencia contra las mujeres.

XI.           DIVERSIDAD SEXUAL

La diversidad de opciones y alternativas al crear núcleos familiares deberá respetarse como un derecho inalienable de las personas, al igual que sus preferencias sexuales y religiosas.

XII.          COORDINACIÓN METROPOLITANA

La reforma política establece que el Congreso de la Unión creará un Consejo de Desarrollo Metropolitano para atender problemas comunes de la zona. No parece conveniente que este Consejo sea creado unilateralmente por la Federación, sino que debe ser resultado de un convenio entre Federación y entidades de la zona metropolitana, ratificado por los respectivos poderes legislativos, y con suficiencia presupuestal.