Ahí vienen...

Los tres oficiales municipales patrullaban la colonia el Terrero, afuerita de Acapulco. En su patrullaje de rutina, a bordo de su automóvil, llegaron al Vado del Pedregal, eran cerca de las siete de la mañana.
De pronto empezaron los disparos. Cinco hombres armados con escopetas y armas largas de calibre importante los acribillaron. Ni tiempo para reaccionar con sus pequeñas pistolas. Nada. De los tres murió uno de los oficiales, el otro tiene diez impactos de bala y el otro cuatro.
Seis bomberos estaban de guardia en su estación, en el puerto de Progreso en Yucatán. En unas horas recibirían la visita del go-
bernador del estado. Llegó una camioneta Liberty y dos sujetos bajaron y lanzaron dos granadas de fragmentación. Una estalló en el techo, la otra no detonó. Los agresores huyeron y abandonaron la camioneta a unos kilómetros del lugar.
En Nuevo León, en el municipio de Galeana, se instaló la feria tradicional de la entidad. Frente al Palacio Municipal juegos y changarros ocupaban la calle de tránsito. Unos individuos —pistoleros para ser precisos— que iban en su automóvil trataron de cruzar, acción que evidentemente era imposible. Enfurecidos, bajaron de su camioneta con sus “cuernos de chivo” y empezaron a descargar ráfagas contra el edificio municipal. No hay aún ma-
yores datos sobre el desenlace de este evento.
Ese es el recuento de este sábado, al menos hasta el momento de escribir estas líneas, de los hechos.
Tal vez no todos los sucesos estén vinculados a los operativos emprendidos por el gobierno federal, y en particular las extradiciones de capos, pero lo que es indudable es que esto puede ser el inicio de la ya esperada reacción de los cárteles del narcotráfico. Las extradiciones son siempre factor de tensión entre cuerpos criminales y autoridades por varias razones. En primer lugar, porque desde los centros de detención mexicanos es sencillo seguir operando un cártel, cosa que no es así en las prisiones de los Estados Unidos. En segundo lugar porque los jueces y la implementación de la justicia en el vecino del norte se aplican con mayor rigor y emiten sentencias duras y largas. Y en tercer término porque implica la imposibilidad de fuga que nuestros recintos de reclusión sí permiten, baste recordar la huída del Chapo Guzmán.
Por estas razones, y seguramente otras que desconozco, los capos resienten enormemente las extradiciones y reaccionan fuertemente para obligar al gobierno federal a desistir de este tipo de operación.
La violencia que desatan intenta construir la suficiente crisis como para presionar a las autoridades a detener otras extradiciones y devolver al estado previo, las cosas.
Pero es evidente que el gobierno de Felipe Calderón tiene ya poco margen de maniobra como para detener esta espiral de confrontación con el narco. A estas alturas la presión nacional e internacional para agudizar los operativos es, ya, monumental.
Hacer una lectura aguda y certera sobre el impacto y utilidad de estos operativos es difícil. Por un lado pareciera que el empleo de la fuerza contra agrupaciones que llevan años pertrechándose para esto no parece augurar grandes resultados. Pero por el otro, estos operativos eran ya una necesidad para devolver un poco de tranquilidad a las entidades que han estado sumergidas en el miedo, la tensión y la violencia.
Estos enormes despliegues militares y policíacos no arrojan resultados inmediatos, pero desincentivan la libre acción de estos grupos.
Sin embargo, es imposible mantenerlos de manera permanente. Lo que sigue es una profunda tarea de investigación, un efectivo desmantelamiento de la infiltración de los criminales en los cuerpos de seguridad y la detención de la mayor cantidad de células operantes de cada cártel. Además de atacar a todos los cárteles por igual y no crear condiciones para la construcción de un solo gran imperio que controle el tráfico de drogas.
Pero sería imposible pensar en una solución de largo plazo sin pensar en mecanismos de disuasión para el involucramiento en alguna de las cadenas productivas de este negocio tan rentable.
Se han planteado mecanismos de sustitución de cultivos para desalentar los plantíos de mariguana y amapola. Pero habría que demandar que se instale un Sistema Nacional de Prevención, tanto de producción y distribución, como
de consumo. La violencia que desatan estas actividades re-
bota en todos los terrenos de nuestra sociedad. Desde la frontera hasta el seno de nuestras familias.
En consonancia con todo esto habría que despenalizar el debate sobre la legalización de las drogas. Tema polémico y complejo, pero que tenemos que empezar a discutir en nuestras instituciones y en la sociedad misma.
Porque no hay que engañarnos, la confrontación con el narco ahí viene y más nos vale empezar a prepararnos para cons-
truir salidas.