El problema empezó en octubre de 2006. El Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Democrática habían realizado unas cápsulas de cinco minutos para transmitirse en los tiempos que por ley, y desde hace años, tienen los partidos políticos.
En estas cápsulas, las de octubre, hacían un recuento de las ‘pruebas’ del fraude electoral supuestamente cometido en el proceso del año pasado.
Hicieron sus programas, los enviaron al Instituto Federal Electoral y éste los mandó a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, instancia que las distribuye en los medios de acuerdo con las prerrogativas que cada partido tiene.
Nunca salieron al aire. Cuando se le pidió a RTC información sobre el asunto, Eduardo Garzón, director y ahora el más connotado censor del país, alcanzó a decir que estos programas faltaban a la verdad y que él tenía la protección constitucional para decidir qué se transmite y qué no.
La respuesta de todos los partidos fue instantánea, aunque de poco calado público, y se emitió un programa de televisión (de esos de debate entre los partidos que es transmitido a altísimas horas de la noche) en la que todos los partidos exigían a este caballero reponer los tiempos y no andar tomando decisiones por sus pistolas y bajo sus incomprensibles principios.
La respuesta del censor fue, como siempre es, más censura. Desde entonces, y sin importar el cambio de titulares en la Secretaría de Gobernación, los programas no transmitidos por instrucciones de Garzón son más de diez y la crisis ya es de alta magnitud.
En diciembre y enero RTC decidió no transmitir el programa ‘Toma de posesión del presidente legítimo’ y con esto obligó que el tema fuese tratado en el Consejo General del IFE el miércoles pasado.
Ahí se definió continuar exigiendo y presionando por todas las vías posibles a Gobernación para que restituya los tiempos y deje de una vez la censura.
Sin embargo, en mi opinión, el tema que tenemos frente a nosotros es de enorme importancia y a merita una reflexión.
Las decisiones que ha tomado el director de RTC atacan y minan un derecho por el que muchas mujeres y hombres han luchado por años. Vidas han quedado en el camino de esta lucha. La libertad de expresión es uno de los bienes más preciados de nuestra sociedad porque nos ha permitido ampliar los horizontes de la discusión y, sobre todo, conocer que hay muchas verdades, contadas de diversas maneras.
Por esto que el argumento de RTC de que estos programas atentan contra la verdad es la falacia más grande y, de paso, la peor excusa. ¿La verdad de quién toma el director? ¿La suya? ¿ La del PAN? Escabroso terreno en la que se han metido. Porque, precisamente, en un país democrático, plural y que respeta la diversidad, el primer paso que hay que saber dar es el de reconocer que nadie tiene la verdad absoluta, o más aún, me temo que eso ni existe. Los matices, las diferentes perspectivas, no atentan, como dice este director en sus cartas, contra las instituciones, la verdad y los símbolos nacionales, al contrario, enriquecen al país, amplían sus miras y sus contenidos.
Yo no sé si Eduardo Garzón es un funcionario eficaz, trabajador y comprometido. Lo que sí sé es que no puede seguir, ni un día más, en el cargo que tiene. No puede puesto que ha decidido imponer su verdad, su moral y su visión al resto del país.
No es un asunto de si nos parecen buenos, acertados o malos los programas del PRD y PT. Seguramente que yo no los vería si me los topó en la televisión, pero esa es mi decisión, no la de este funcionario.
La gente, contrario a lo que este caballero y quienes estén detrás de esto suponen, sí tiene criterio y sí sabe decidir lo que cree y lo que no.
Yo no creo que haya ocurrido un fraude nacional, ni creo que Andrés Manuel sea el presidente legítimo de este país. Pero estoy convencido que estos partidos tienen absolutamente todo el derecho para decirlo a los cuatro vientos si así les apetece.
La dirección de RTC tiene que estar bajo el mando de una persona que entienda esto y que deje, como ha sucedido por años, que nuestra democracia siga madurando y que nuestra sociedad pueda ver, conocer y decidir sobre las diversas posturas e interpretaciones políticas.
No puede estar, como ya dijimos, bajo la tutela de un censor, de un comisario que ‘sabe’ lo que debemos ver y oír los mexicanos y que esta dispuesto a ejercer esa autoridad por nosotros.
México no es un país menor de edad. En todo caso este funcionario sí lo es.
Es hora de que Gobernación enmiende la plana, restituya todos los tiempos que por ley le correspondían a estos partidos, que calendarice sus transmisiones y las garantice con una declaración pública de que así será. Y por último es tiempo de que destituya a este funcionario a quién, la sociedad y los partidos, le hemos perdido la confianza.
