La controversia del controvertido IFE

A Carla, por perseverar.
En los próximos días —probablemente mañana mismo— el Consejo General del Instituto Federal Electoral promoverá una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia por la Ley de Egresos aprobada por la Cámara de Diputados en la que además de recortarle 720 millones de pesos, también obliga al instituto a no tocar las prerrogativas de los partidos políticos ni de las agrupaciones políticas nacionales.
Esta controversia no ataca la decisión de reducir estos 720 millones, sino el hecho de que se le etiquete la forma de hacerlo.
Recorte que, no está de más decirlo, era importante realizar, puesto que no son necesarios lujos y prestaciones exageradas para consolidar nuestra democracia. La credibilidad y fortaleza de nuestra institución electoral no pasa por bonos, viajes en primera clase, hospedaje y alimentación de cinco estrellas —o gran turismo—, máxime cuando tenemos un país con tan evidente desigualdad y pobreza.
En la visión de los cinco consejeros que plantearon este tema, el IFE en tanto órgano autónomo debe ser dejado en libertad de ejecutar su presupuesto, sin ataduras, sin candados.
Pero la realidad de este debate, que tomó varias horas en la última sesión de Consejo General, se enmarca en dos terrenos, el de la forma y el fondo.
En cuanto a la forma hay que decir que hay una gran polémica sobre si el IFE puede promover controversias constitucionales. La Constitución no prevé a los órganos autónomos como entes facultados para ello, sin embargo, en la práctica pareciera que hay casos anteriores que dan una idea de que la SCJN le podría dar entrada.
Este tema, que parece de esos áridos de la jerga legal, es en realidad uno bastante interesante. Básicamente lo que está en juego es la posibilidad de los órganos autónomos de defenderse de las decisiones de otras instituciones o poderes. Inclusive pareciera que su exclusión de la “lista” tiene más bien que ver con una omisión del constituyente y no con una deliberada marginación.
En una situación similar se encontraba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, después de insistir en el debate, lograron tener facultades para —en materia propia de esos derechos— poder promover controversias.
Insisto en la importancia de este tema pues se estaría logrando, o no, la posibilidad de dar una herramienta nítida de defensa y deliberación a estas instancias frente a actos que les parezcan inadecuados o equivocados.
Es mi opinión que esta sola resolución ya será, de por sí, útil para ahondar en nuestro entramado jurídico. Pero además creo que hay excelentes condiciones para que la máxima instancia de justicia del país le dé entrada para su revisión.
Suponiendo que estamos en lo cierto y se acepta la controversia tendríamos que entrar al fondo del asunto y tiene que ver con que, si los diputados tienen o no, la capacidad de etiquetar recursos a los órganos autónomos.
Es mi opinión tienen toda la facultad, y legisladoras y legisladores actuaron conforme a sus atribuciones. Es más, tan es así que cuando algunos partidos políticos —a saber PRI, PRD y Convergencia— se negaron a votar un punto de acuerdo promovido por Marina Arvizu de Alternativa, en el que aceptaban un recorte de 20 por ciento a sus prerrogativas, habríamos estado cayendo en un terreno curiosamente similar. Esto es, una disposición para que el IFE ejecutara una disposición presupuestal acordada por la Cámara. Claro, en este punto tal vez no habría cabido protesta del Consejo General por tratarse de algo tan políticamente correcto y que “distribuía” la carga de recorte entre todos.
Es muy posible que la controversia prospere y de igual forma es muy probable que el fallo no sea a favor de la institución electoral y que se refrende la capacidad de los legisladores, que al final es ahí donde —mal y bien— reside la representación de mujeres y hombres de este país.
La acción, promovida por el controvertido Consejo General, será importante en estos dos niveles y permitirá que en futuras discrepancias sepamos, a ciencia cierta, qué puede y qué no puede hacer un órgano cuando considera que su autonomía ha sido violentada.
Espero que los resultados ayuden a dar mayores certezas sobre las áreas de competencia de cada quien.
Que vaya que nos hace falta.