Algunas ideas para un mejor DF

Estas son cuatro propuestas muy generales para el DF con algunas de mis ideas y de Rodrigo Salazar, buscando plantear cuales deben ser las prioridades legislativas para el Congreso Local del DF (Asamblea).


· Crecimiento y empleo
A pesar del gasto público al que ha recurrido el gobierno de la ciudad, el Distrito Federal registra niveles de crecimiento económico inferiores a los del conjunto del país a la par que el desempleo es mayor. Esto se debe a la selección de una estrategia errónea, fundada en la inversión pública destinada a la industria de la construcción. Nada ganamos con negar las realidades económicas actuales ni intentando ir a contracorriente del mundo. Países como Irlanda, India y Brasil han entendido que en la economía global sólo es posible el éxito cuando se invierte en la adecuada integración del conocimiento científico y tecnológico con los procesos de producción en las empresas. Sólo se avanza cuando se invierte en la gente.

Hay que impulsar una ley de ciencia y tecnología que incentive esta dinámica. A diferencia del enfoque asumido por el Gobierno Federal, mi propuesta consiste en la formación de un Consejo en el que participen el sector privado, el Gobierno del Distrito Federal y los centros universitarios de la ciudad. Su función será asignar recursos a proyectos de vinculación entre universidad y empresa en función de los sectores que ocupan una posición estratégica como desencadenantes del desarrollo económico, a través del incremento sostenido de la competitividad y tomando en cuenta las necesidades tecnológicas reales del sector productivo. En forma paralela, este Consejo desarrollará programas de capacitación que actualicen las aptitudes de los trabajadores activos y que a la vez promuevan la reinserción laboral de los actualmente excluidos del sector formal. Desde ahí, la vinculación entre sector privado y universitarios podríamos romper con la discriminación hacia las universidades públicas y la reinserción de los jóvenes en el mercado laboral.

· Seguridad pública, impunidad
La errada atención al serio problema de inseguridad que se continúa viviendo en la capital es alarmante. Por un lado, se descalifica a la sociedad civil cuando ésta se organiza para expresar su preocupación; por otra, se pretende atender el problema con medidas con la reducción de la edad penal o la elevación de las sanciones. Estas dos últimas medidas son, más allá de cualquier consideración ética, manifiestamente inútiles. El problema de la inseguridad no radica en que las penas sean suaves, sino que los ofensores no son aprendidos y, en caso de serlo, las autoridades encargadas son incapaces de armar un caso.
No hay que dejarnos engañar: SÍ es posible combatir al crimen y al mismo tiempo respetar los derechos humanos de los sospechosos. La profesionalización de los cuerpos policíacos, la independencia del ministerio público y de la Procuraduría del Distrito Federal son los pasos indispensables. Por otro lado, es fundamental una relación franca de las autoridades con la sociedad civil al respecto. La manipulación y el ocultamiento de las cifras de criminalidad pueden ayudar a un funcionario a salvarse momentáneamente de cuestionamientos, pero no a encarar debidamente el problema. Propongo en este sentido, retomando una iniciativa exitosa surgida de la sociedad, legislar para que trimestralmente se presente como cifra oficial de la criminalidad los resultados de una encuesta encargada a profesionales independientes. Y, parte de esta solución tiene que ver, sin espacio a dudar, con la formalización y respeto a las nuevas familias y sus sociedades de convivencia.

· Acceso a la información
El Distrito Federal está entre las entidades donde más se vulnera el derecho a la información. Los ciudadanos no sólo debemos estar en condiciones para juzgar los resultados de la acción pública, sino que adicionalmente es necesario podamos observar la manera en que se conducen los gobernantes. La legislación debe modificarse en los siguientes sentidos: 1) Garantizar las condiciones de independencia del órgano local de transparencia. 2) Reducir las condiciones en las que los funcionarios son eximidos de revelar información. 3) Prever sistemas de sanciones para los funcionarios que se nieguen a acatar resoluciones del órgano de transparencia.

· Sexoservicio
El sexoservicio no regulado constituye un problema tanto de salud pública como de explotación laboral, maltrato y violencia pero, sobre todo, discriminación. Las y los sexoservidores actualmente son víctimas de la explotación tanto de sus empleadores como de la corrupción de las autoridades que se aprovechan de las condiciones de clandestinidad en que se desarrollan sus actividades laborales. Una legislación adecuada tendría que comenzar por reconocer la demanda de este servicio y la inutilidad de reprimir su oferta, la garantía de seguridad, salud y condiciones mínimas de calidad de vida. Dado este primer paso, tendría que seguirse con la concentración del servicio en determinadas zonas, donde sea posible la vigilancia policíaca necesaria para evitar la violencia que se asocia actualmente con estas actividades, así como vigilar el cumplimiento de condiciones sanitarias debidamente especificadas, tanto preventivas como correctivas. Asimismo, establecer todos derechos laborales para los y las sexoservidoras.