Legalización de las drogas y la nueva ley

El fenómeno de las drogas en las sociedades contemporáneas no es ajeno a México, el creciente consumo de diversas sustancias nos han colocado como un país de consumidores, así como de productores. Además de que la explosión del fenómeno de las narcotienditas junto con el narcomenudeo son innegables, inignorables.
Sus efectos en la salud y la seguridad pública son temas de creciente preocupación en nuestra sociedad. Frente a esta preocupación social legítima, nuestros gobiernos tienden a la clásica salida: Criminalizar toda actividad vinculada con las drogas, postura que no resuelve el problema de la salud pública. Frente a esta realidad sería más eficaz una política centrada en la educación, en la prevención y la responsabilidad personal y en el establecer una diferencia entre el consumidor y el criminal.
El único partido que ha sido capaz de tomar una postura pública frente a esto ha sido Alternativa en voz de su candidata Patricia Mercado. Para Alternativa es imperativo una política que regule la producción, distribución, comercialización y el consumo; una política que haga posible procesos que no pongan en riesgo la salud pública en lugar de seguir invirtiendo recursos en una guerra imposible de ganar por las armas y que tiene más costos que beneficios.
Por todo lo anterior es preocupante que Vicente Fox sin más argumento que en México consumir “es sigue siendo un delito” haya vetado las reformas a la Ley de General de Salud y al Código Penal que establece con claridad las dosis y las sustancias permitidas para “consumo personal”. Modificaciones que, en la mayor de las contradicciones, su propio gobierno había ayudado a elaborar y en las que diversas entidades de gobierno habían participado. Esto es: Fox puso a su gobierno a trabajar una postura moderna, que daba herramientas para combatir seriamente el narcomenudeo, y él mismo la vetó.
Pero sus razones para vetarla son aún opacas. Todo, por desgracia, apunta al vecino del norte y sus presiones. En relación con esta posición se nota una contradicción: como país, pública y oficialmente se reconoce que mientras no se atienda el problema de la demanda en los EEUU, no se logrará controlar el problema del tráfico aquí. Pero con respecto a nuestro propio problema del consumo, la posición es exactamente igual a la de Estados Unidos: echando la culpa a la oferta, e ignorando todos los retos que plantea la demanda, tanto en términos de salud, de educación y de respeto a los derechos civiles y las garantías individuales. En concordancia con diversas organizaciones de la sociedad civil que propugnan por una política distinta para enfrentar el problema de las drogas en nuestro país, se vuelve evidente que esta iniciativa es insuficiente ya que no contempla ninguna reforma para asegurar más y mejor y información en la materia, ni un plan educativo ni de salud. En cambio, plantea endurecer aun más las penas para el narcomenudeo, con nuevos riesgos para los consumidores.
Sin embargo, la iniciativa contiene un avance considerable: El reconocimiento del consumidor como un sujeto de derecho, lo que implicaría separarlo de la cuestión criminal. Abre una ventana para desarrollar en el futuro los derechos del consumidor, y algo muy importante: generar políticas hacia el problema en términos de salud y educación.
Ojalá que el presidente reconsidere su posición y al Congreso a que en un periodo extraordinario de sesiones, retome la iniciativa e invite a la ciudadanía a un debate y diálogo para que ésta pueda ser mejorada; se asegure más y mejor y información en la materia y promueva un plan educativo y de salud. En Alternativa tenemos la convicción de que la mejor manera de enfrentar el problema del narcotráfico y del menudeo es impulsando una política centrada en la educación, la prevención y la responsabilidad personal.