Los
motivos que presenta el gobierno argentino para nacionalizar las acciones de
Repsol, empresa petrolera española, de la empresa Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF) de Argentina, tienen muchos matices.
El
reflejo natural de una persona de derecha sería condenar la nacionalización y
hacer inmediatas referencias a los hurtos cometidos por gobiernos populistas de
empresas privadas. El argumento estaría centrado en la libre competencia, en la
ineficacia del estado obeso que controlado todo, y en la necesidad e abrir los
mercados a inversión privada, sea nacional o extranjera. Para la derecha, la
liberal al menos, el que el estado usurpe propiedad privada es una afrenta
directa al capitalismo. Además de que mancilla, naturalmente, la confianza
jurídica que se le deposita a un gobierno que incauta lo que considera
conveniente.
Mientras
que para un izquierdista comprometido la acción es de aplaudirse. Para empezar
desde la privatización de YPF durante el infame gobierno de Carlos Saúl Menen
–recordado por haber vendido todo lo que pudo y luego un poco más- ya existían
quejas de que esta medida era un regalo de la riqueza nacional a una empresa
extranjera. Pero además la izquierda ha comprado el argumento de la presidenta
argentina de que Repsol estaba llevando a YPF a la quiebra y que su manejo de
la empresa era deficiente. Al punto de que la inversión en exploración de
nuevos yacimientos ha estado prácticamente en ceros en los últimos tiempos.
Para
la izquierda, al menos la tradicional, el uso de los recursos naturales debe
estar destinado al desarrollo del país, su riqueza debe ser destinada a un
proyecto social más que comercial. Y aquí se nos cruzan temas como soberanía,
distribución de la riqueza, etc. Bajo esta lógica es preferible que este en
manos de un gobierno ineficaz o corrupto, que de empresarios ladrones y
mezquinos.
Hay
un paquete de argumentos de Cristina Fernández que son imbatibles. Sí. Repsol
ha invertido poco en YPF para hacerla crecer al ritmo que considera el gobierno
y más bien es una empresa que compensa otros proyectos de la empresa
internacional. Un poco como los bancos extranjeros que financian a otros países
con las jugosas ganancias que se llevan de nuestro país.
Sí,
Repsol no ha llevado un desarrollo lineal y deseado de la empresa y sí, como
todas las empresas, Repsol usa dinero de su empresa argentina para financiarse
en otros rubros y países, al ser una empresa ven por su éxito financiero.
Los
gobiernos no tienen que generar ganancias. Los gobiernos pueden endeudarse sin
las mismas condiciones que una empresa. Los gobiernos pueden sólo invertir, sin
dudar en su viabilidad integral. Kirchner quería que Repsol invirtiera como un gobierno
lo haría, sin pudor y sin recato, cosa que una empresa privada no puede, ni
debe hacer.
El
gobierno argentino se dispuso, aprovechando este argumento, a construir el
linchamiento de Repsol como una empresa maléfica de extranjeros chupasangre que
sólo ven por sus intereses. Valdría la pena pedirle a Kirchner que nos muestre
una empresa privada en el mundo que se olvida de sus ganancias para darle gusto
a las necesidades de un gobierno, para eso pagan impuestos.
Son
lógicas distintas, porque tienen objetivos diferentes. Las empresas buscan
generar riqueza, los gobiernos distribuirla. Y desde ahí es que la acción del gobierno
argentino, más allá de izquierdas y derechas, ha estado fuera de foco.
Irritados
decidieron tomar por acción legal todas las acciones en poder de Repsol y con
ello sacar a la empresa petrolera de la jugada. Jugada en la que no toca a los
empresarios argentinos, y le da el 51 por ciento de las acciones a los estados
y el 49 restante se lo queda la federación.
Así,
la derecha esta feliz con la decisión, la clase política también y los únicos
que se quejan son los que tenían algún interés en Repsol. Como México, que
posee el 10 por ciento de la empresa.
Había
otras formas, había estrategias para elevar la tasa impositiva a ciertas
acciones, había estrategias de regulación y demanda para que Repsol invirtiera
más. Optaron por la más popular.
El
problema con la acción claramente popular y políticamente efectiva para el gobierno,
es que debilitan su confiabilidad y fortaleza en el concierto de inversionistas
mundiales. Da la impresión que si uno invierte en Argentina y dirige a su
empresa en función a generar riqueza, es potencialmente adversario del estado.
La
confusión de Kirchner es pensar que este éxito político será un éxito
económico.
@lucianopascoe
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